Tucumán mantiene a raya sus cuentas, pero no descarta emitir deuda: renovó contrato con Moody's como medida preventiva

Bajo el panorama de una creciente presión sobre las finanzas públicas provinciales, exacerbado por los ajustes fiscales impulsados por la administración nacional de Javier Milei, el Poder Ejecutivo de Tucumán optó por una estrategia de prudencia financiera que incluye la renovación anual de su contrato con la calificadora de riesgo Moody's. Esta decisión, formalizada mediante el Decreto 2417/3 publicado en el Boletín Oficial provincial, responde a la necesidad de mantener abiertas las vías de acceso a financiamiento internacional o emisión de deuda pública, sin que por el momento exista una intención concreta de recurrir a tales instrumentos. El costo del acuerdo para los períodos 2025 y 2026 asciende a USD 6.050 (un total de USD 12.100), un gasto que asegura la disponibilidad inmediata de servicios de calificación crediticia, esenciales en un escenario de volatilidad económica donde el cumplimiento de requisitos regulatorios puede demorar meses.

El ministro de Economía de la provincia, Daniel Abad, confirmó en diálogo con Tendencia de Noticias que esta renovación es un procedimiento rutinario, diseñado para blindar a Tucumán ante posibles contingencias. "Todos los años se renueva, por las dudas la provincia quiere salir a buscar crédito en los mercados internacionales, hay que tener una calificadora. Aunque la provincia no tiene pensado sacar algún tipo de crédito, puede pasar en algún momento. Entonces, hay que estar preparados porque no se puede salir a contratar una calificadora de un día para el otro porque hay que cumplir muchos requisitos", explicó Abad, subrayando la dimensión preventiva de la medida.

Esta renovación se enmarca en la comunicación remitida al Tribunal de Cuentas de la Provincia (TC), donde la Sub-Directora de Contabilidad y el Jefe del Departamento de Crédito Público de la Contaduría General de Tucumán expusieron las motivaciones subyacentes. En el Acuerdo del TC N° 3778, se detalla que "las actuaciones son iniciadas 'debido a la situación económica que atraviesa la provincia de Tucumán, la superioridad plantea la posibilidad de acceder al financiamiento a corto plazo por medio de la emisión de letras de tesorería, advirtiendo que es requisito fundamental contar con los servicios de un Agente de Calificación de Riesgo'". Esta disposición refleja la anticipación a escenarios de liquidez ajustada, donde la emisión de instrumentos como letras de tesorería podría ser viable solo con una calificación crediticia actualizada, un prerrequisito impuesto por los mercados internacionales y organismos multilaterales.

El contrato con Moody's, una de las tres principales agencias globales de calificación de riesgo junto a Standard & Poor's y Fitch Ratings, establece con precisión la modalidad de los servicios contratados. Según el documento, rubricado entre la firma y el Gobierno de Osvaldo Jaldo, "la calificación de riesgo o calificación se refiere a una opinión sobre la solvencia de: (1) una deuda, obligación financiera, título de deuda, acción preferente u otro instrumento financiero (cada uno, una 'Emisión'); o (2) una entidad, asignada utilizando un sistema establecido y definido de categorías de calificación. Las calificaciones de Moody's Local no abordan ningún otro riesgo financiero". Esta definición delimita el alcance del servicio, centrado exclusivamente en la evaluación de la capacidad de pago y solvencia, sin extenderse a otros riesgos operativos o macroeconómicos, lo que posiciona a la agencia como un actor clave para facilitar accesos a fondos soberanos o privados en un entorno de alta aversión al riesgo.

La decisión de renovar este acuerdo adquiere mayor relevancia ante las complejidades económicas que azotan tanto al país como a Tucumán. La administración libertaria, caracterizada por su enfoque de "motosierra" en el gasto público, profundizó los recortes presupuestarios a nivel federal, limitando las transferencias discrecionales a las provincias. Un ejemplo es el reciente veto presidencial a la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que preveía asignaciones automáticas para mitigar las dificultades financieras internas de las jurisdicciones subnacionales. Este veto, justificado por el Ejecutivo nacional como una medida para preservar el equilibrio fiscal macroeconómico, dejó a provincias como Tucumán en una posición vulnerable, con ingresos coparticipables estancados y una inflación acumulada que erosiona el poder adquisitivo de los recursos disponibles. En este panorama, la dependencia de un fondo anticíclico provincial –un colchón financiero destinado a amortiguar ciclos recesivos– se tornó en un aspecto crucial.

Uso de recursos

Abad detalló el estado actual de este fondo, enfatizando su rol en la sostenibilidad operativa de la provincia. "Con el correr del tiempo se va gastando, pero hasta ahora no tenemos problema. Vamos a ver qué pasa con la actividad económica hasta fin de año. A ver si lo podemos recuperar o no. Es un día a día. Los mercados están agitados, así que está bastante complicado, pero hasta ahora va alcanzando para solventar gastos hasta diciembre", sostuvo el titular de la cartera económica provincial.

Al ser consultado sobre en qué áreas se están utilizando estos fondos, Abad precisó que "hay 42 obras activas en este momento en la provincia, además de los gastos de funcionamiento en salud, educación, seguridad, desarrollo social, todo se sigue cumpliendo y no hay deuda con eso. Claro. Hablamos que, desde el gobierno, estamos financiando rutas, caminos, diques, la cárcel de Benjamín Paz, el Procrear, como así también la planilla salarial también sale de ese fondo", precisó el ministro, delineando un uso integral de los recursos que abarca desde el pago de salarios y servicios esenciales hasta el avance de infraestructura clave.

AVANCE. El martes, se inaugura el segundo módulo en el marco de las obras en la cárcel de Benjamín Paz.

Esta gestión financiera refleja la tensión entre la necesidad de equilibrio presupuestario y la imperiosa continuidad de servicios públicos. El fondo anticíclico, alimentado históricamente por superávits fiscales y ahorros en períodos de bonanza, ahora se erige como el principal sostén ante la desaceleración económica nacional, con un gasto público tucumano en ascenso, a diferencia del año pasado, y la contracción del consumo interno. La ausencia de planes inmediatos para emitir deuda –ya sea en mercados locales o internacionales– no obsta para que el Ejecutivo mantenga la flexibilidad operativa, reconociendo que "no se puede salir a tomar deuda si no tiene una calificadora de riesgo que le califique la capacidad de pago que tiene cualquier provincia", como lo resumió Abad.

En última instancia, esta renovación con Moody's no solo asegura una calificación crediticia al día –actualmente en territorio especulativo para muchas provincias argentinas–, sino que posiciona a Tucumán en una postura proactiva frente a la incertidumbre. Mientras el gobierno de Milei persiste en su agenda de ajuste para estabilizar las cuentas nacionales, las provincias como Tucumán navegan un equilibrio precario, priorizando la cobertura de necesidades básicas y el avance de obras emblemáticas sin incurrir en endeudamiento descontrolado. La vigilancia sobre el fondo anticíclico y la preparación para escenarios de financiamiento externo ilustran una administración que, pese a las adversidades, busca preservar la estabilidad fiscal en un horizonte de volatilidad persistente.